M O R D I A D I

Aunque estamos prontos a celebrar los 30 años de vigencia de la norma que consagró en Chile un régimen de mecenazgo privado a las artes y la cultura, y uno podría esperar que hubiese llegado ya un tiempo de madurez como para poder pasar a una etapa aún más profunda de la vinculación entre lo público y lo privado en el financiamiento de las artes, parecemos condenados a tener que partir todo de nuevo, empujando otra vez por la pendiente empinada de la pertinacia de nuestra clase política que insiste en estropear lo que funciona en vez de mejorar lo inservible.

Oposición a la presencia de aportes privados a la cultura ha existido siempre en el país.  Suele ser recurrente entre personeros de la izquierda que por adscripción ideológica no quisieran ver a nada más que el Estado en el financiamiento de las artes. A veces de recuerda la férrea oposición que algunos colectivos de artistas hicieron en los 90 cuando se supo de la aprobación de la llamada Ley de Donaciones con Fines Culturales. En cierto sentido, algunas de las modificaciones que la norma ha tenido, también se deben a consideraciones de ese orden que se hicieron en su oportunidad.  En todo caso, la ley ha seguido vigente y ha procurado una ingente cantidad de recursos que no habría sido posible conseguir mediando solo el aporte público.

Pero me parece que hay algo muy preocupante en la resolución aprobada el 17 de junio pasado en la Cámara de Diputados para modificar las disposiciones de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, la norma que en Chile ha permitido desde los años 90 generar un régimen virtuoso entre lo público y lo privado en aras al financiamiento de proyectos en el sector.  

Como se ha sabido por la prensa, un grupo de diputados de izquierda logró aprobar por 95 votos en la Sala una resolución (n°446 del 17 de junio) para pedirle al Presidente de la República que envié una modificación a la norma que popularmente recuerda al destacado político democratacristiano que la impulsó a comienzos de nuestra reconquistada democracia, don Gabriel Valdés Subercaseaux.

Aunque no es vinculante en las decisiones de la primera magistratura, específicamente se le ha pedido al Ejecutivo que genere un fondo común de donaciones con fines culturales administrado por una institución que no existe y que habría que crear de manera que "se garantice de mejor manera la cobertura y financiamiento de todos los proyectos e iniciativas culturales". 

Preocupa que tan sólo tres hayan sido los diputados que se opusieran a la iniciativa y que otros 33 de abstuvieran de votarla. Quisiera pensar que a los 95 que la votaron favorablemente les preocupa encontrar nuevos mecanismos de financiamiento de las artes y que, como ha ocurrido en el pasado, no estaban suficientemente atentos a las implicancias que una norma como la indicada podría tener sobre un sistema que ha sido muy virtuoso y que, aunque como toda obra humana es perfectible, de introducirle modificaciones, estas debieran ir en una dirección muy opuesta a la presentada por el diputado socialista Marcelo Diaz.

La insistencia de tramitar o promover leyes sin respaldo de evidencias concretas y basadas más que nada en percepciones y prejuicios personales de los representantes en el Congreso, es probablemente un factor más que se debe sumar a las causas del desprestigio de nuestro sector. El mecanismo que ha generado la ley en comento, no sólo ha permitido al país contar con un ingente recurso que se ha usado en una multiplicidad de iniciativas a lo largo del país, sino que ha venido a representar al menos el 10% de todo el dinero que el Estado aporta a la cultura y las artes. El régimen que existe es ya mixto, pues Estado y privado aportan lo suyo. Los fondos comunes de donaciones ha sido un fracaso en todas partes que se han implementado, siendo una causa directa de la disminución de los aportes privados.

El proyecto de Resolución 446 le solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto de establecer un fondo común de donaciones con fines culturales, modificando la actual ley. Su promotor fue el diputado socialista Marcelo Díaz Díaz, integrante del Comité de Cultura, y sus colegas Patricio Rosas Barrientos (Socialista); Carolina Marzán Pinto  (PPD, un partido tradicional de la izquierda chilena surgida al amparo de la lucha política contra Pinochet), Amaro Labra Sepúlveda (comunista); Alejandro Bernales Maldonado (liberal, que vota por la izquierda) y el ex artista y músico Florcita Alarcón Rojas (humanista, que también vota por la izquierda).

El diputado Díaz es doctor en Ciencias Políticas y Sociología con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid; Rosas es médico cirujano; Marzán es licenciada en Arte, mención Teatro, por la Universidad de Chile, y ha sido profesora universitaria; Labra es un músico reconocido, integrante del afamado grupo chileno Sol y Lluvia y, Alarcón, como hemos dicho es un destacado artista, famoso por sus excentricidades y por haber sido un férreo opositor al Régimen Militar chileno.

Iré comentando cada párrafo de la  resolución:

En efecto, la práctica de la contribución económica del sector privado al financiamiento de actividades culturales, comenzó a hacerse pública en Chile a contar de comienzos de la década de los noventa.  Aun cuando la actividad tomó cuerpo  con rasgos más definidos recién al momento de adquirir su consagración jurídica al aprobarse  la Ley de Donaciones Culturales en 1990.^[1]El patrocinio cultural adquirió su consagración jurídica al aprobarse la Ley de Donaciones Culturales (LDC), conocida popularmente como "Ley Valdés", en homenaje al senador democratacristiano Gabriel Valdés Subercaseaux,  su principal impulsor.  La tradición chilena en materias de donaciones empero, no partió a comienzos de los noventa sino varias décadas antes.